SANTO DOMINGO.- La impactante carta dirigida al ex presidente Hipólito Mejía por el ex secretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, ha traído al primer plano del debate el verdadero papel de los jefes militares durante el proceso electoral del 2004, frente a las versiones de que existió un plan para abortar los comicios.
Soto Jiménez, jefe las Fuerzas Armadas durante los cuatro años del pasado gobierno, reveló que “ciertos generales comandantes de brigadas” fueron llamados al despacho del presidente Hipólito Mejía en el Palacio Nacional para que no cumplieran sus órdenes el 16 de mayo del año 2004, día de las elecciones.
La convocatoria a estos jefes militares al despacho del Presidente de la República fue hecha por un edecán de Mejía en razón de que Soto Jiménez estaba “dudoso”, en una franca alusión de que el jefe militar no era una persona confiable para participar en lo que más tarde se conoció como el “Plan B”, una conspiración que fue detenida por las presiones de los observadores electorales extrajeros, monseñor Agripino Núñez Collado y el cuerpo diplomático acreditado en el país, principalmente el embajador de los Estados Unidos.
Ante el grado de incertidumbre que se vivió en las últimas horas de las elecciones, Núñez Collado dijo que le comunicó a Luis Arias, presidente de la Junta Central Electoral, “que había que hacer algo para que a nadie se le ocurriera hacer lo que pasó en el 1978 cuando hubo una tendencia de triunfo arrollador de Antonio Guzmán y los militares ocuparon la JCE”, refiere el periodista Ramón Puello Báez en su libro “Atípico, El Ejercicio del Poder como una Aventura”.
Asimismo, expresa que días después de las elecciones, Núñez Collado reveló en el programa de televisión “Informe con Alicia Ortega” que “hubo riesgo de un estallido social...debido a que grupos armados pretendían desconocer los resultados de las elecciones”.
En un despacho difundido al mundo por la Agencia Francesa de Prensa, AFP, el ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien observó las elecciones dominicanas del 16 de mayo de 2004, dijo que “comandos armados” intentaron “un fraude” para tratar de impedir la victoria de Leonel Fernández, quien era el candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Según Pastrana, “hubo momentos difíciles, como las denuncias de que estaban robando urnas gentes con armas largas”, lo que demoró el inicio de la emisión de los boletines en la Junta Central Electoral.
El ex secretario de las Fuerzas Armadas afirma en su carta a Mejía que aunque los generales comandantes de brigada recibieron la orden de no responder a sus comandos, “fueron a darme la novedad, en apego de una conciencia institucional, ajenas a esos asomos de “conchoprimismo” irreflexivo y barato”.
“Conchoprimo” fue una expresión utilizada en las primeras décadas del siglo XX para graficar el estado de constante inestabilidad política y de atropello constante de la autoridad y de la ley.
Dice Soto Jiménez que los “descerebrados” no encontraron apoyo en unos militares en su mayoría comprometidos con la democracia.
De acuerdo con el contenido de la misiva, Soto dijo que había puesto en conocimiento a Mejía “la delicada situación” política que se estaba viviendo en esos momentos y le advirtió sobre “las anomalías” que había que corregir frente a un período comicial.
Expresa también, que “cuando le advertí de ciertas prácticas impropias en este campo, por ciertos jefes militares” el presidente Mejía le aseguró “que esas eran exhibiciones politiqueras” de aquellos compañeros de armas que fraguaban hacerlo saltar de la posición en la secretaría de las Fuerzas Armadas.
El ex jefe militar no conforme con esta respuesta, narra en su carta, que emitió “varios memorandos” dirigidos a los mandos de las Fuerzas Armadas en relación con lo que él consideraba “una delicada situación”.
Soto Jiménez hace esas revelaciones casi cuatro años después de que el país fuera sometido a una gran tensión debido a las denuncias de que sectores militares en contubernio con grupos del PPH habían orquestado un plan para hacer abortar las elecciones presidenciales.
El periodista Puello Báez refiere en su libro “Atípico” que Soto Jiménez el 18 de noviembre del 2003, mucho antes de las elecciones del 2004, había sido preciso en sus conceptos sobre el papel de los militares cuando dijo en la Base Aérea de San Isidro que: “Ustedes pueden estar seguros , y es lo que debe interesar al país, que las Fuerzas Armadas son garantes del proceso electoral, sin tomar partido, como lo establece la Constitución, lo que es un logro que ha costado mucho y que nadie lo va a estropear”.
En esa ocasión, le salió al frente a las denuncias de la oposición, de que el jefe del Ejército Nacional, mayor general Radhamés Zorrilla Ozuna, participaba en una “burda acción proselitista” a favor de la reelección del entonces presidente Hipólito Mejía.
El Plan B
El 20 de mayo, cuatro días después de las elecciones, el periódico Diario a Diario publicó un extenso reportaje en el que relató lo que fue denominado como “el plan B”, orquestado desde sectores del gobierno que se resistían a ser derrotados en las elecciones.
A continuación la historia publicada ese día por “Diario a Diario”:
Cuando los grupos de civiles armados llegaron al ensanche Isabelita, ya otros grupos rodeaban algunos colegios electorales, en la Capital y otros puntos del país, en una acción sincronizada y que iba unida a la decisión de los delegados del PPH en las mesas electorales y/o en las Juntas Municipales de no validar las actas contentivas del conteo de las votaciones del día. Las órdenes estaban dadas en forma directa y determinante, pero la comunicación entre los grupos paramilitares y sus “jefes” era fluida a través de equipos de comunicación de largo alcance y celulares.
Pocas horas antes, se comentaba en los círculos militares que el vicealmirante Sigfrido Pared Pérez habría sido colocado bajo arresto domiciliario. Pared Pérez es hermano del secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, y de otro hermano, Carlos Pared Pérez, quien es uno de los asistentes del Presidente electo. No se dijo las razones de esta acción aunque una fuente comentó que la decisión no había provenido de la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Pared Pérez fue director del DNI durante los cuatro años del Gobierno de Fernández. Se dijo que otros oficiales militares habían sido mantenidos bajo “vigilancia”, que no se le había colocado en posiciones de mando de importancia y a otros enviados de servicios a lugares tan lejanos como la frontera.
El reloj no había marcado las 6:30 de la tarde cuando la tensión comenzó a subir en la sede central de la Junta, entre los observadores electorales, el cuerpo diplomático y los comandos de campaña del PPH y del PLD. Los celulares no daban abasto, mientras varias jipetas sin placas y cargadas de civiles armados corrían por avenidas y calles de la Capital hacia sus objetivos y con la encomienda de mantener las calles “despejadas” de posibles grupos que salieran a celebrar el triunfo de Leonel. Las medidas de seguridad se extremaron, entonces, en el entorno del candidato y los dirigentes máximos del PLD.
“No entran las actas a la Junta del Distrito...hay un tapón... los delegados del PRD las tienen trancadas y no las entregan”, fue la alarmada información que llegó a las oficinas de los jueces electorales.
Pero conjuntamente llegaron a los oídos de los jueces otras noticias alarmantes: un grupo de hombres armados trataban de sembrar el terror en las inmediaciones de las mesas de votación y algunas juntas municipales, se trataría de atentar contra la seguridad de la sede principal de la JCE y se les “vendió” la versión de que un grupo de periodistas profesionales planeaban abrir un programa de panel en un canal de televisión para proclamar a Fernández como ganador, por lo que se presionaba a que se cerraran los medios que transmitían las informaciones sobre las votaciones a nivel nacional y que se estableciera la famosa “cadena”.
Los conspiradores intentaban con esto privar a la nación de información independiente y así poder controlar la situación, sin que la gente se enterara de lo que ocurría en las calles.
En el seno de la Junta se generó la suspicacia y la disparidad de criterios entre los mismos jueces sobre lo que ocurría.
Luis Arias, el presidente de la Junta, llamó por teléfono al secretario de las Fuerzas Armadas para referirle las informaciones que le estaban llegando sobre las acciones de los grupos paramilitares y la seguridad en los colegios y juntas electorales.
Mientras otro de los jueces se comunicaba con los periodistas que se decía preparaban el programa de televisión, quienes desmintieron la versión, como también lo hizo el propietario del canal señalado.
Luis Arias hizo, entonces, una segunda llamada, quizás la más importante del momento: “Aló, Monseñor, hay muchos problemas y sería muy bueno tenerlo por aquí para que nos ayude a resolver esta situación”, habría dicho Arias a Agripino y de inmediato pasó a contarle en líneas generales lo que ocurría. Eran ya poco más de las siete de la noche.
Mientras las jeepetas, sin placas y cargadas de civiles armados, seguían rondando por varios puntos de la Capital en busca de “acción”. Ya el “gringo” había recibido un paquete de armas en el barrio de Capotillo, lo que se había repetido en por lo menos otros cuatro barrios de la ciudad. El plan “B” seguía en marcha.
Agripino no perdió tiempo e hizo lo que tenía que hacer. Trató de hablar con el Presidente Mejía y no pudo de inmediato. Llamó a su jefe jerárquico, el Cardenal López Rodríguez, y le informó lo que ocurría. Entonces llamó al embajador de los Estados Unidos, Hans Hertell y contactó a Santiago Murray quienes, alarmados, hicieron los contactos inmediatos, el primero con otros diplomáticos con quienes había estado muy activo observando los comicios durante todo el domingo, y el segundo con los ejecutivos de la misión de la OEA, y enfilaron a la sede de la Junta.
Ya en las oficinas de Arias, todos fueron enterados de la tensión que se vivía y el porqué se habían dilatado los boletines con informaciones sobre los cómputos, mientras la prensa, los dirigentes políticos de la oposición y los miembros de la sociedad civil, entre ellos de Participación Ciudadana y de la Fundación Institucionalidad y Justicia, comenzaban a presionar por las informaciones de los cómputos.
La agencia EFE había difundido al mundo la versión de que la encuesta a boca de urnas de la Penn and Shoen daba a Leonel ganador con alrededor de un 56 por ciento. La noticia repercutió en Washington y en Madrid. Eran las 8:20 de la noche.
Desde España mucha gente llamaba por teléfono a sus familiares y decían que allá se sabía que Leonel había ganado ¿cómo es que allá no se ha dicho?
En Washington el representante Bob Menéndez, un activo observador de la situación dominicana, tocaba puertas en el Departamento de Estado, reiterando su advertencia de que aunque era domingo, no debía haber pretexto para dejar que la democracia peligrara en esta nación del Caribe, porque se desconociera la voluntad popular expresada en las urnas.
Todo se fue tejiendo hasta llegar a los minutos cumbres, cuando la tensión estaba en su climax en la Junta, en los comandos de campaña, en las calles y en el nerviosismo que mostraban periodistas veteranos, en los escenarios de poder en que se movían.
A las 9:50 minutos de la noche Agripino Núñez pronunció su discurso expresando sus esperanzas de que se respetara la decisión electoral y sus temores de que se repitiera el traumático tranque de las elecciones de 1978, cuando se quiso desconocer la victoria de Guzmán y mantener a Balaguer en el poder, pese a que el pueblo había dicho no a la reelección.
Tras Agripino habló Luigi Enaudi, secretario general adjunto de la OEA, en la misma línea mientras el embajador Hertell, junto a sus colegas Adam Blackwell, de Canadá, María de Jesús Figa López, España, Miguel Amado de la Unión Europea y Eva Kendeffly, de Alemania, así como el ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, estaban a su lado como referencia del apoyo internacional a las advertencias que, por primera vez se informaba a la nación, corría el proceso electoral.
Arias se veía tranquilo ahora y los demás jueces, incluso los que renegaban la intervención de Agripino y los embajadores, parecían apoyar lo que allí se había planteado.
Agripino bajó de la tarima del salón de prensa y recibió una llamada telefónica, por un celular, en que desde el otro lado le preguntaban algo así como “que es lo que están diciendo”. Se dijo que era el presidente Mejía y se informó, luego, que igual comunicación recibió el embajador Hertell. Ambos, sin embargo, en forma firme y decidida habrían explicado su posición y que estaban tratando de que todo concluyera bien”.
En ese lapso de tiempo, el candidato vicepresidencial del PPH, Rafael “Fello” Suberví, recibió una llamada telefónica del abogado Vinicio Castillo Semán, quien le había relatado rápidamente lo que ocurría y le pidió que tratarán de evitar un desastre. Fello pasó el teléfono al Presidente Mejía, junto a quien se encontraba, y quien le habría dicho a Castillo Semán que no habría problemas porque era un hombre democrático. La llamada se interrumpió.
Muros
Fello Suberví, según los testigos, fue en todo momento uno de los “muros de contención” contra las presiones e insinuaciones de gente del “entorno” que se resistían a admitir la derrota.
Poco después que Agripino y el embajador de la OEA hablaran en la Junta para todo el país, por televisión y radio, el presidente Mejía habría recibido una llamada internacional, cuyo interlocutor, del Departamento de Estado de Estados Unidos, le habría dicho, más o menos, que “estamos muy complacidos de que la democracia y la libertad se respeten en la República Dominicana, lo mismo que el resultado de las elecciones y confiamos en que usted, como un buen demócrata, ayudará a que esto se cumpla”.
A las 11:05 de la noche, la Junta Central Electoral emitió el primer boletín en que anunciaba la ventaja que tenía Leonel en las votaciones computadas, apenas el tres por ciento.
Minutos después el presidente Mejía, rodeado de Fello Suberví, Tony Raful, Eligio Jáquez y los miembros de su seguridad, anunciaba a los periodistas de televisión que “mis numeritos me indican que el Partido de la Liberación Dominicana ganó y reconozco que Leonel Fernández ganó las elecciones”.
La declaración retumbó en todo el país casi al instante a través de la televisión y la radio, y el plan “B” quedó allí mismo desmontado. Las actas fueron validadas en las Juntas Municipales y las jeepetas, sin placas y cargadas de los civiles armados, retornaron a su “base” despejando el camino a que se cumpliera la voluntad popular.
