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jueves, 29 de septiembre de 2011

Aprueban otro préstamo de US$230 millones para el Metro


Se desconoce monto invertido en el sistema de transporte por trenes
En momentos que aún se desconoce el monto real invertido por el Gobierno en el sistema de tren urbano, el Senado aprobó otro préstamo este miércoles por un monto de 230 millones de dólares, que se destinarán a la terminación de la segunda línea del Metro de Santo Domingo. Los recursos también se destinarán para la adquisición de autobuses para las nuevas rutas de alimentación de pasajeros a los trenes.
El proyecto de préstamo fue aprobado luego que fuera avalado mediante un informe favorable de la comisión de Hacienda, que preside el senador Tommy Galán.
La segunda línea del Metro de Santo Domingo se extenderá desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta la cabecera occidental del puente Francisco del Rosario Sánchez, en la avenida del mismo nombre.
Tendrá conexión con la primera línea en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y John F. Kennedy, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
La primera línea abarca una extensión de 14 kilómetros, desde la avenida Charles de Gaulle, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, hasta el Centro de los Héroes en el Distrito Nacional.
Diversos préstamos internacionales han sido aprobados en el Congreso Nacional para financiar el sistema de transporte de trenes.
El Gobierno tiene proyectado extender las líneas del Metro de Santo Domingo hasta el municipio Los Alcarrizos, para lo cual ha realizado los estudios geológicos correspondientes e inició la construcción de algunas infraestructuras que servirán de base, para lo que sería la tercera fase.
Derechos femeninos
Los senadores también aprobaron en primera lectura el proyecto de ley que facilita el acceso a la Justicia de las mujeres y las familias víctimas de la violencia o en conflicto.
Fue propuesto por el presidente del organismo, Reinaldo Pared Pérez, y recibió el respaldo de todos los congresistas presentes en la sesión.
La iniciativa demanda la adopción de políticas y acciones del Estado en procura de lograr cambios que provean garantías de los derechos fundamentales de las víctimas de violenc

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